EL GOBIERNO CEDE A LOS CENTROS PRIVADOS LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES. ESTA DECISIÓN ES CUESTIONADA POR SINDICATOS Y EMPRESARIOS.

La reforma del sistema de formación en las empresas empieza su andadura con sindicatos y empresarios cuestionando el nuevo sistema: ambos pierden peso –especialmente los sindicatos- en favor de los centros de formación privada.

 

La nueva ley está dirigida a mejorar la empleabilidad de los ocupados (en lugar de priorizar a parados que ya tienen otras vías de acceso a la formación a través de las políticas activas del servicio público de empleo). Lo que quiere el gobierno es impedir el doble papel de los agentes sociales en el sistema de formación, tanto en planificación, diseño e impartición de los cursos.

Rajoy se reúne con los interlocutores sociales. (Efe)  Leer más:  El Gobierno pone en manos de centros privados la formación de los trabajadores - Noticias de Economía  (Efe)
Rajoy se reúne con los interlocutores sociales. (Efe) Leer más: El Gobierno pone en manos de centros privados la formación de los trabajadores - Noticias de Economía (Efe)

Sin embargo, los sindicatos afirman que “no se puede dejar la planificación y diseño de la formación en manos de los intereses privados” y se preguntan “¿a quién representan las entidades de formación?” en un documento interno de UGT y CCOO. Teresa Muñoz, responsable de Formación de UGT afirma que el peligro está en que se excluyan de la oferta formativa cursos más caros y menos rentables o que se fomenten cursos teóricos sin prácticas para ahorrar costes.

 

 

A esto hay que añadirle que el nuevo modelo del Gobierno “toca una parte significativa de la financiación de los agentes sociales, especialmente CEOE y Cepyme” - según fuentes citadas por elconfidencial.com.

 

 

QUIÉN IMPARTIRÁ LAS CLASES

 

Los cursos de formación, según el borrador de esta ley, serán impartidos por todas las entidades de formación que cumplan los requisitos establecidos “en régimen de competencia y concurrencia competitiva”, algo que cuestiona CEOE y a lo que propone la “concurrencia competitiva ordenada” como respuesta a unos requisitos previos establecidos frente a una concurrencia competitiva de carácter “universal”.

 

 

El documento del Ministerio de Empleo crea un Registro estatal de centros formativos. Con ello se pretende dotar de mayor transparencia al sistema y evitar fraudes. El borrador pretende reforzar la capacidad sancionadora del Servicio Público de Empleo Estatal y de los Servicios Públicos de Empleo autonómicos en caso de incumplimiento que asegure un justo reparto de responsabilidades.

 

Este registro servirá no sólo para la difusión de los centros disponibles según las especialidades formativas, sino que también permitirá el seguimiento, evaluación  y publicidad de la calidad de la formación impartida, publicidad que “contribuirá a corregir asimetría de información” favoreciendo a pequeñas y medianas empresas, que serán capaces de identificar las entidades formativas de calidad,  y a los trabajadores, quienes conocerán el abanico de posibilidades de formación a su disposición. Para ello se creará un catálogo de especialidades formativas.

 

 

EL PAPEL DE LESTADO

 

El documento presenta líneas para reforzar el liderazgo que debe ejercer la Administración General del Estado, en línea con lo establecido por el Tribunal Constitucional.

Al mismo tiempo, se pretende hacer más efectivo el derecho individual del trabajador a la formación, es decir, que no tenga un carácter colectivo y se desarrolle al margen de la negociación entre sindicatos y empresas.

 

Para lograr estos objetivos se propone la creación de un Consejo General de Formación Profesional; por su parte lo sindicatos plantean la creación de una Agencia Nacional para la Formación Profesional en el Empleo que incorpore a las comunidades autónomas y también a las propias centrales y los empresarios, o, en su caso, a la actual Fundación Tripartita para la Formación para el Empleo.

 

 

En cuanto a la financiación se propone encontrar nuevas vías, la puesta en marcha de un método de cofinanciación por parte de la empresa y, en paralelo, la financiación mediante anticipo parcial.

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